Una nueva batalla por la accesibilidad

Descripción de la imagen: Fachada principal del Palacio Legislativo con su escalinata monumental de acceso y desplegados el Pabellón Nacional y la bandera de Artigas.

Escribe Arq. Nicolás Li Calzi,
Especialista en calidad UNIT-ISO 9000

Inducción. . .

La accesibilidad al medio físico es la cualidad de la arquitectura, el urbanismo y el transporte que debiera ser inherente al hecho que los genera. Dicho en otras palabras, la accesibilidad al medio físico debiera ser cada uno de los caracteres, naturales o adquiridos, que por su naturaleza están de tal manera unidos al hecho generador, que no pudieran ser separados del mismo.

El Código Civil Uruguayo, en su articulado inicial (arts. 1 a 3) nos dice que “Artículo 1. Las leyes sólo son obligatorias en virtud de su promulgación por el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo determinará la forma de la promulgación; y desde que ésta pueda saberse, las leyes serán ejecutadas en todo el territorio de la República. La promulgación se reputará sabida diez días después de verificada en la capital; Artículo 2. La ignorancia de las leyes no sirve de excusa; Artículo 3. Las leyes obligan indistintamente a todos los que habitan en el territorio de la República.”

Es en este marco elemental de la vida en sociedad, que el ser humano debe respetar las reglas de convivencia.

El pasado 9 de marzo de 2010, con el número 27932 se publicó en el Diario Oficial, la Ley Nº 18651 que establece la protección integral de los derechos de las personas con discapacidad.

Una ley que si bien enmarca una consecución de consideraciones para con las personas que padecen de alguna discapacidad física, las apreciaciones referentes a la arquitectura, urbanismo y transporte, mejorarían la calidad de vida de todos los habitantes de la República Oriental del Uruguay. Y es que por eso, manifestamos, que debemos disociar la temática de la accesibilidad al medio físico, con la temática de la discapacidad. Sin lugar a dudas, las personas con discapacidad serán los principales, o primeros, beneficiados con tener una ciudad, un entorno que les abra los brazos. Pero la sociedad en su conjunto será la que se vea beneficiada con tener una legislación más contemplativa, más inclusiva, más humana.

A partir del 19 de marzo de 2010, la accesibilidad al medio físico tendrá una interesante inflexión en su promisorio futuro. Comenzarán a regir los plazos fijados tanto para la arquitectura y el urbanismo, como para el transporte público. El próximo 19 de marzo de 2015 y 19 de marzo de 2018, serán días a tener en cuenta desde hoy, en pro de un objetivo final que llevará mucho esfuerzo construir y es tarea de toda la sociedad en su conjunto: un Uruguay de todos y para todos. Un país más inclusivo, más amigable para sus habitantes y sus visitantes.

Cinco u ocho años pueden parecer horizontes lejanos. Pero si los miramos en días efectivos laborales, se tendrán unas 1900 jornadas para su cumplimiento. Podemos comprender los hechos de la vida mirando sobre nuestros pasos, pero solamente han de ser vividos si miramos hacia adelante.

La Ley 18.651 establece una serie de consideraciones, existentes en la antigua Ley 16.095 e incorpora una nueva serie de parámetros a tener en cuenta. Desde su generalidad, la Ley 18.651 se moderniza, se “agiorna” conceptualmente a su predecesora, la Ley 16.095.

El artículo 68 (antiguo artículo 50 de la Ley 16.095), sube la apuesta. Es más específico y mandatorio. Incorpora a texto expreso los conceptos de seguridad, confort y autonomía. Por lo que ya no cualquier solución para dotar de accesibilidad es posible, es factible.

Los artículos 69 y 70 (antiguos artículos 51 y 52 de la Ley 16.095), es lo que se dice “tasado”. En otras palabras, es eso y no queda otra. Aplicar las normas técnicas elaboradas por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT).

Pero la primera inflexión de suma importancia la aporta el artículo 71, que dice así:

Artículo 71.- En todos aquellos pliegos de licitación para la construcción de edificios públicos por parte de organismos del Estado, Gobiernos Departamentales y personas públicas no estatales, deberá disponerse de una cláusula que establezca la obligatoriedad de aplicar las normas técnicas a la que hace referencia la presente ley.

El incumplimiento de esta norma traerá aparejado la nulidad de los mismos.

Creo que está más que claro que este artículo da la posibilidad de anular todas las futuras licitaciones que omitan la temática de la accesibilidad al medio físico, por los propios oferentes como por un tercero, particular este, que vea que se lesiona el derecho establecido en esta ley. Dicho en otras palabras, nosotros los arquitectos no podemos estar omisos ni serlo a estas disposiciones. Y para quienes ocupen cargos públicos, sería recomendable que trasladen la responsabilidad al Estado. Que sea este quien exceptúe y se haga responsable de esa excepción y no sea el profesional quien no lo tenga en cuenta, por desconocimiento, por presiones o por las razones de cualquier índole que así existan.

Otro elemento a tener en cuenta, un poco difuso en su redacción, está establecido en el artículo 74:

Artículo 74.- En todos los proyectos de viviendas colectivas se programará un mínimo de unidades accesibles; asimismo, el conjunto en general debe ser adecuado para facilitar el acceso y uso de los lugares comunes.

Si tomamos a texto frío la redacción de la ley, todo proyecto de más de dos viviendas en la modalidad que sea, podría ser considerado como colectivo, por lo que se deberá prestar atención a lo establecido en este artículo.

Y otro elemento sustancia a considerar refiere a los plazos establecidos. A menos que en el transcurso de los siguientes 8 años, no hubiere un mandato de igual jerarquía que esta ley que extienda por la razón que fuere los plazos considerados en la misma, el 19 de Marzo de 2018 es una fecha con horizonte cierto. Un horizonte para la construcción, la ampliación y la reforma de los edificios de propiedad pública o privada destinados a un uso que implique concurrencia de público, así como la planificación y la urbanización de las vías públicas, parques y jardines de iguales características.

En resumen. . .

La nueva ley 18.651 se ha posicionado firmemente alineada con los preceptos que el país ratificó a finales de 2008 cuando suscribió la Convención de los Derechos de las Personas con discapacidad, que establece que la accesibilidad es uno de los principios rectores de la misma y la adopción de medidas por los Estados Parte, una obligación general. (Arts. 3, 4 y 9 de la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad – ratificada en el Uruguay por la Ley 18.418 de Dieciembre de 2008).

Por otra parte, taxativamente, queda claro que se anularán todas las futuras licitaciones que omitan la temática de la accesibilidad al medio físico, por los propios oferentes como por un tercero, particular este, que vea que se lesiona el derecho establecido en esta ley.

Por último, se limita el horizonte real con un plazo establecido de ocho años para realizar las adecuaciones de los edificios existentes y de los entornos urbanísticos de los mismos, mientras que en toda obra nueva, estas disposiciones son de carácter obligatorio desde la entrada en vigencia el pasado 19 de Marzo del corriente.

Artículo publicado:

Revista EMPRESAS del URUGUAY
Número 4, año 2010

Revista SOCIEDAD de ARQUITECTOS del URUGUAY (Delegada Maldonado)
Número 2, año 2010

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